"Apostar por la libertad de enseñanza", Artículo de opinión en El Día de Ciudad Real, 30 de marzo de 2.004
El artículo 27 de la Constitución Española dice que todos tienen derecho a la educación y que se reconoce el derecho a la libertad de enseñanza. A continuación, el mismo artículo especifica que los padres tienen derecho a que se eduque a sus hijos conforme a sus propias convicciones, y para que ese derecho sea efectivo se reconoce también el derecho a la libre creación de centros docentes. Y, como aderezando todos esos derechos, se ordena además que la enseñanza básica sea obligatoria y gratuita. Todas estas son piezas con las que los poderes públicos deben construir el sistema educativo: porque la misma Constitución dice que los poderes públicos deben usar los fondos públicos para garantizar esos derechos y esas libertades.
Nos encontramos así con que el sistema educativo en este país debe (del verbo ?deber?, que implica obligación) contener todos los elementos que integran el artículo 27 de la Constitución. Son como las patas de una mesa: si falta alguna, el sistema se cae y se convertirá en un trasto inservible.
Es obligación de nuestros gobernantes apostar por la educación en los términos en que la Constitución hace esa apuesta: con todas las piezas del sistema, sin que falte ninguna. Por eso no es conforme con la Constitución ?apostar por la enseñanza pública? si al mismo tiempo no se apuesta también por la privada. Como no sería constitucionalmente correcto apostar por la enseñanza privada sin apostar también por la pública. El sistema que la Constitución quiere es un sistema que cuenta con ambas, porque apuesta por la libertad: libertad de elección, libertad de creación de centros, derecho a elegir colegio, derecho a la gratuidad, derecho a exigir que se respete la libertad.
El Decreto de admisión de alumnos de Castilla la Mancha, ya conocido tristemente como ?decretazo?, incumple, y en mayor medida que sus primos hermanos el andaluz y el extremeño, los requisitos constitucionales: no permite elegir colegio en tanto en cuanto zonifica los centros; no permite la creación de centros en cuanto que a los de iniciativa social no les permite gestionar la admisión de alumnos.
Los impulsores del Decreto intentan justificarlo hablando de igualdad: no es cierto. El Decreto no trata igual a los de un barrio que a los de otro. El Decreto no salvaguarda la igualdad porque no defiende la libertad. En un sistema democrático la libertad y la igualdad van siempre juntas. Lo que pasa es que hay que saber conjugarlas: de ahí la importancia de tener unos buenos gobernantes, humildes, que escuchen y que sean conscientes de que los fondos públicos, con los que les pagamos el sueldo, son para que nos garanticen la libertad y la igualdad, no para que tiren por la calle de en medio.
Emilio Sanz
El Día de Ciudad Real, 30 de marzo de 2004
Nos encontramos así con que el sistema educativo en este país debe (del verbo ?deber?, que implica obligación) contener todos los elementos que integran el artículo 27 de la Constitución. Son como las patas de una mesa: si falta alguna, el sistema se cae y se convertirá en un trasto inservible.
Es obligación de nuestros gobernantes apostar por la educación en los términos en que la Constitución hace esa apuesta: con todas las piezas del sistema, sin que falte ninguna. Por eso no es conforme con la Constitución ?apostar por la enseñanza pública? si al mismo tiempo no se apuesta también por la privada. Como no sería constitucionalmente correcto apostar por la enseñanza privada sin apostar también por la pública. El sistema que la Constitución quiere es un sistema que cuenta con ambas, porque apuesta por la libertad: libertad de elección, libertad de creación de centros, derecho a elegir colegio, derecho a la gratuidad, derecho a exigir que se respete la libertad.
El Decreto de admisión de alumnos de Castilla la Mancha, ya conocido tristemente como ?decretazo?, incumple, y en mayor medida que sus primos hermanos el andaluz y el extremeño, los requisitos constitucionales: no permite elegir colegio en tanto en cuanto zonifica los centros; no permite la creación de centros en cuanto que a los de iniciativa social no les permite gestionar la admisión de alumnos.
Los impulsores del Decreto intentan justificarlo hablando de igualdad: no es cierto. El Decreto no trata igual a los de un barrio que a los de otro. El Decreto no salvaguarda la igualdad porque no defiende la libertad. En un sistema democrático la libertad y la igualdad van siempre juntas. Lo que pasa es que hay que saber conjugarlas: de ahí la importancia de tener unos buenos gobernantes, humildes, que escuchen y que sean conscientes de que los fondos públicos, con los que les pagamos el sueldo, son para que nos garanticen la libertad y la igualdad, no para que tiren por la calle de en medio.
Emilio Sanz
El Día de Ciudad Real, 30 de marzo de 2004
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