La Plataforma se constituye alrededor de una "Declaración de principios", con el objetivo de que el actual debate sobre la reforma educativa en España respete en todo momento el derecho de los padres a elegir la escuela que consideren más adecuada. Esto supone promover el pluralismo de centros educativos y establecer una justa financiación, de tal manera que ninguna familia sea discriminada y pueda ejercer su libertad con todos sus derechos.
Cualquier familia tiene que poder elegir el centro educativo público o de iniciativa social, de acuerdo con la educación que desee para sus hijos. La administración pública, la misión de la cual es colaborar con los padres pero no sustituirlos, tiene que crear las condiciones que faciliten este derecho a todas las familias.
Somos contrarios a los enfrentamientos artificiales. Queremos que desaparezcan las actitudes agresivas e intolerantes, y que los poderes públicos de España gobiernen para todos.
Las familias tenemos que reaccionar para que no se vulneren y marginen nuestros derechos y para que nadie, ni ninguna instancia, pretenda suprimir o sustituir el papel que nos corresponde a los padres sobre la educación de nuestros hijos. Estas pretensiones serían más propias de un régimen totalitario (de escuela única) que de un país como el nuestro, de convivencia pacífica y democrática, plural, que respeta las diferencias, y que promueve las libertades. No podemos permanecer indiferentes. El derecho a elegir es tu derecho, el derecho de todos.
Declaración de Principios
Padres y madres de toda España, conscientes de ser los principales responsables de la educación de nuestros hijos e hijas, tal y como lo proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos y viendo el cariz del debate sobre la educación, presentamos los siguientes puntos:
PRIMERO
Denunciar la negación de algunos derechos fundamentales de las madres y padres de familia y la oposición a la instrumentalización demagógica que se está haciendo de la libre elección de centro, que va en detrimento de la calidad y la pluralidad de nuestro sistema educativo.
SEGUNDO
Rechazar enérgicamente el clima de confrontación generado y sostener que sólo la superación de la actual bipolarización en busca de un diálogo sereno puede promover los derechos de los diferentes componentes culturales e ideológicos de nuestra sociedad.
TERCERO
Reafirmar que toda reforma de la actual legislación debe ser objeto de un consenso basado en los derechos fundamentales de las personas, único modo de garantizar su respeto, en sintonía con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los convenios internacionales, los preceptos constitucionales y la jurisprudencia de los tribunales del Estado.
CUARTO
Agradecer el trabajo educativo realizado en los centros docentes, tanto los de gestión pública como los de iniciativa social. Esperamos que todos realicen el esfuerzo necesario para garantizar una educación de calidad y que promuevan una pluralidad de opciones educativas, que responda a la diversidad que existe en nuestra sociedad y en las familias.
QUINTO
Asimismo entendemos que es el respeto al carácter propio del centro escolar el que garantiza el ejercicio del derecho a la pluralidad, y el que permite a los padres y madres la elección del proyecto educativo que quieren para sus hijos.
A partir de estos principios exigimos
1. Un pacto social de educación que responda de forma justa y solidaria a las necesidades que plantea la llegada de inmigrantes, la educación de las minorías y los colectivos con necesidades especiales.
2. Una distribución eficaz y equitativa de los recursos destinados por las diversas administraciones a la financiación de todos los centros educativos, que garantice la gratuidad, la calidad y la pluralidad de la educación básica para todos.
3. La garantía de la libertad de elección de centro por parte de todos los padres, en igualdad de oportunidades.
4. Un trato respetuoso para todos los centros educativos y para las familias que han decidido educar a sus hijos e hijas en los mismos.