CONCAPA Guadalajara

NOTA DE PRENSA

Con fecha de 24 de mayo de 2004 la CONCAPA ha presentado un escrito ante la Delegación de Educación de Guadalajara con el fin de comunicar que, ante la falta de contestación a los recursos de reposición interpuestos por los padres de alumnos, en los que además se solicitaba la suspensión de la Resolución de 11 de marzo que aprobaba las zonas de adscripción de los centros escolares, se entiende CONCEDIDA LA SUSPENSIÓN de esta zonificación por silencio administrativo, tal y como establece la Ley que regula el procedimiento administrativo.

Ante la inminente publicación de las listas de escolarización, y con independencia de que la suspensión producida por el silencio administrativo produce sus efectos desde el transcurso del plazo en que la Delegación de Educación debió haber contestado a la solicitud de suspensión y no lo ha hecho, la CONCAPA ha querido dejar constancia ante la Delegación de este hecho (aunque está en la Ley), y ha hecho uso del derecho a solicitar certificado acreditativo del silencio producido, que tiene que dictarse en el sentido favorable a la concesión de la suspensión pues así lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo.

La CONCAPA expresa su satisfacción porque esta suspensión puede paliar los desfavorables efectos producidos en la escolarización de numerosos niños en Guadalajara que se encontraban ya perfectamente integrados en un centro escolar o con hermanos mayores en el mismo, y que la aplicación de la nueva normativa de admisión junto con el nuevo mapa escolar de Guadalajara no han tenido en cuenta. Las únicas soluciones propuestas por la Administración educativa a las familias que se encontraban en esta situación han sido las de cambiar a los niños de colegio o separar a los hermanos, lo cual ocasiona graves perjuicios en los niños que se han de trasladar y en las familias que se ven obligadas a escolarizar a sus hijos en colegios diferentes, olvidando la Delegación de Educación que estos niños se encontraban en los colegios que conforme al anterior mapa escolar les correspondían.

FERE y Educación y Gestión

Nota de Prensa
FERE y Educación y Gestión

TOLEDO. La delegaciones regionales de la Federación de Religiosos de Enseñanza (FERE) y la Federación de Centros de Educación y Gestión (EyG) han criticado «la interpretación apresurada, carente de rigor y, sin duda, interesada» que ha realizado la Junta de Comunidades del auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sobre el Decreto de Admisión de Alumnos rechazando sus suspensión cautelar. Estas dos organizaciones interpusieron sendos recursos en los que pedían, como medida cautelar, la suspensión de la puesta en marcha de esa norma al considerar, entre otras cuestiones, que vulnera derechos fundamentales. Desde la Consejería de Educación se valoró muy positivamente la decisión judicial, que ha sido adoptada por la Administración como un respaldo definitivo al Decreto. Según explicó en declaraciones a ABC el presidente de FERE, Sebastián Villalobos, «es falso que se hayan rechazado los recursos», simplemente no se ha concedido la suspensión cautelar del Decreto para evitar un vacío administrativo ante la proximidad del proceso de admisión de alumnos. Ahora, la citada sede judicial continúa estudiando el caso para establecer si la norma del Ejecutivo autonómico se ajusta a Derecho. La decisión del Tribunal «se contrae exclusivamente a decidir sobre la medida solicitada por estas organizaciones (suspensión cautelar), sin que se haya pronunciado sobre cuestión distinta y, por tanto, sin que haya resuelto acerca de la adecuación o inadecuación a Derecho de la norma en cuestión», según manifiestan FERE y EyG en un comunicado de prensa. Ambas federaciones entienden que la Consejería quiere, con su interpretación del auto, «refrendar un proceso de admisión contestado por el sector de la Enseñanza concertada» e insisten en que el Tribunal todavía no se ha pronunciado sobre la cuestión de fondo a través de la correspondiente sentencia. En todo caso, «el sistema de admisión que desde FERE y EyG propugnamos no es distinto del que establecen el resto de comunidades autónomas, el mismo que establecía la propia Consejería de Educación de Castilla-La Mancha hasta el presente curso». Por último, la ausencia de una Educación concertada más justa «constriñe de manera patente el derecho de elección de centro, de modo que sólo los que pueden costearse un puesto escolar en un centro de su elección, si este carece de concierto, acuden a dicho colegio, al tiempo que sufragan con sus impuestos la Educación que se imparte en los centros sostenidos con fondos públicos». Por otro lado, el Colectivo Ciudadano Pro Defensa de la Libertad de Enseñanza en Castilla-La Mancha ha realizado también varias consideraciones sobre el auto del TSJ y la posterior respuesta de la Junta. En una nota de prensa explica que, como norma general, una suspensión provisional «sólo se acuerda en casos muy excepcionales» y la regla se aplica aunque se haya presentado un recurso contra ella «hasta que se resuelva». La decisión judicial «no quiere decir, en absoluto, que el Decreto no vulnere derechos fundamentales, pues eso sólo puede saberse cuando haya sentencia». Por tanto, el auto del Tribunal «es un trámite», ya que el recurso «sigue su trámite». El Colectivo insiste en que el TSJ no entra en el fondo del asunto ni lo prejuzga.

Nota de prensa de nuestra Plataforma

El TSJ de Castilla la Mancha deniega la suspensión cautelar del Decreto
Plataforma por la Libertad de Enseñanza en Castilla la Mancha

El Colectivo Ciudadano pro Defensa de la Libertad de Enseñanza en Castilla-La Mancha sostiene que el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Región que desestima la paralización del decreto de Admisión de Alumnos de la Junta no prejuzga el fondo del asunto al tratarse de un trámite y que aún está pendiente la sentencia. En un comunicado de prensa, dicho colectivo entiende que lo que el Tribunal de Castilla-La Mancha ha desestimado es una solicitud de suspensión provisional para que mientras se tramita el recurso se deje en suspenso la aplicación del decreto, recurrido, entre otros, por la Federación de Religiosos de Enseñanza de Castilla-La Mancha (FERE) y Educación y Gestión. «Los actos administrativos, y el citado decreto lo es, gozan de la prerrogativa de la ejecutividad y como regla general se aplican aunque se haya presentado un recurso contra ellos y hasta que éste se resuelva, pues, de lo contrario, la vida de un país sería ingobernable», señala la nota del citado colectivo. Por eso, agregan, una suspensión provisional sólo se acuerda en casos muy excepcionales y el hecho de que el TSJC-M haya desestimado la solicitud de suspensión provisional sólo quiere decir que el tribunal no ha encontrado motivos para suspender la aplicación del decreto. Pero, «ello no quiere decir, en absoluto, que el decreto no vulnere derechos fundamentales, pues eso sólo puede saberse cuando haya sentencia y, por tanto, se trata, solo de un trámite, ya que el auto del tribunal regional no entra en el fondo del asunto, ni lo prejuzga», precisa este colectivo ciudadano.

Nota de Prensa del Arzobispo de Toledo

Nota de Prensa del Arzobispo de Toledo
Desmintiendo informaciones de la Consejería de Educación de Castilla la Mancha

Ante la información publicada esta mañana referente a la reunión mantenida recientemente entre el Sr. Arzobispo de Toledo, don Antonio Cañizares Llovera, y el Sr. Consejero de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, don José Valverde, la Oficina de Información del Arzobispado de Toledo, desea precisar lo siguiente:

1. La visita del Sr. Consejero de Educación al Sr. Arzobispo de Toledo tuvo un carácter privado. Por esta razón no se produjo comunicado alguno, de modo que todo lo que se pueda afirmar respecto a ella pertenece al ámbito de la especulación.

2. El encuentro se desarrolló en un clima muy cordial. El Sr. Consejero de Educación entregó al Sr. Arzobispo la Orden que, en desarrollo del Decreto de Admisión de Alumnos, ese mismo día se publicaba, por lo que difícilmente el Sr. Arzobispo podía pronunciarse sobre algo que desconocía.

3. Por su parte, el Sr. Arzobispo agradeció la deferencia de entregársela personalmente por parte del Sr. Consejero, y le manifestó sus preocupaciones respecto al Decreto, en relación a la limitación de la libertad de elección para los padres y alumnos, así como de los derechos de los Centros para realizar la admisión.

4. El Sr. Arzobispo no ha efectuado ninguna otra declaración ni valoración, en respeto a la nueva situación surgida tras las elecciones generales del pasado 14 de marzo. No obstante, su posición no ha variado y, en el día de hoy, su preocupación es mayor que la ya manifestada en su comunicado del pasado día 8 de marzo.

5. En ningún momento se ha producido consenso en ninguno de los puntos de desacuerdo.

6. El Sr. Arzobispo se siente manipulado y entiende que estas noticias sirven para generar un clima de falta de libertad no deseable para nadie, que no contribuye a la convivencia.

Toledo, 31 de marzo de 2004

Nota de Prensa de FERE

Castilla-La Mancha ha aprobado un Decreto de Admisión de alumnos que vulnera los derechos de los padres y de los titulares de los centros privados

DECRETO DE ADMISIÓN INCONSTITUCIONAL

Madrid, 10 de marzo de 2004.

El Gobierno de Castilla-La Mancha acaba de aprobar un Decreto de Admisión de Alumnos en los Centros Educativos según el cual será la Delegación Provincial de Educación la que tendrá la competencia de adjudicar las plazas escolares vacantes cada curso, y no el órgano competente en cada centro (Consejo Escolar en los centros públicos y titular en centros concertados), como señalaba la normativa hasta ahora vigente.

Este procedimiento de admisión que articula el nuevo Decreto vulnera gravemente tanto el derecho constitucional de los padres a elegir el centro educativo que quieren para sus hijos, como el de los titulares de centros privados, que pierden sus competencias en materia de admisión de alumnos en contra de los derechos que les reconoce la LOCE y la Constitución.

Manuel de Castro Barco, secretario general de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza, ha querido refrendar la labor de FERE Castilla-La Mancha en apoyo de las familias y de los titulares de los centros privados señalando que, "si bien FERE comparte el objetivo de la Consejería de Educación de "simplificar los trámites administrativos, garantizar la igualdad a la hora de elegir centro educativo y establecer un procedimiento limpio y transparente", rechazamos que este objetivo se deba lograr pasando por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos".

"El fin no justifica los medios -continuó De Castro- y menos aún cuando hay alternativas para luchar contra el fraude y garantizar la igualdad, como exigir a las familias certificados oficiales (expedidos por la Agencia Tributaria, los Ayuntamientos respectivos, IMSERSO, etc.), sobre su renta, domicilio, minusvalías, enfermedades o condición de familia numerosa". "Esperamos -concluyó el Secretario General de FERE- que la oferta de diálogo de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha sea efectiva, y que la Orden que desarrolle el Decreto atienda al derecho de las familias a presentar las solicitudes de admisión en los Centros elegidos en primera opción, y a los titulares de los centros, a recibir y baremar dichas peticiones y publicar las listas de alumnos admitidos".

Nota de prensa de CONCAPA

NOTA DE PRENSA DE CONCAPA CASTILLA - LA MANCHA

Ante el Decreto 22/2004 del 02/03/2004 de admisión del alumnado en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, CONCAPA CLM manifiesta:

1. La LOCE declara la gratuidad de la Educación Infantil desde la edad de 3 años. Esta Ley ha sido recurrida respecto de esta concreta previsión de extensión de los conciertos, por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. ¿Qué es lo más importante: escolarizar gratuitamente a todos los que lo anhelan o pelear entre las opciones políticas? No estamos en esa guerra de imagen, sino en una lucha por conseguir para nuestros hijos lo que merecen y a lo que creemos tienen derecho en una sociedad moderna. Por tanto, la igualdad, solidaridad y cohesión social, que el preámbulo de este Decreto 22/2004 establece, no se podrá conseguir. Para ello, habría que partir en igualdad de condiciones en todos los centros, CONCERTANDO la EDUCACION INFANTIL.

2. En el Decreto 22/2004 de la Comunidad de CLM en el preámbulo se afirma que, en todos los casos se asegura la participación de la Comunidad Educativa. ¿No son los padres miembros de esta Comunidad? ¿Por qué no estamos presentes, según el Decreto, en los Consejos Locales de Escolarización?

Cuando el borrador de este Decreto pasó por el Plenario del Consejo Escolar de CLM, CONCAPA presentó una alegación sobre la participación de los padres en los Consejos Locales de Escolarización, alegación aprobada en dicho Plenario, y sin embargo, no recogida en este Decreto.

Así mismo, el Consejo Escolar de los Centros Concertados tiene competencia para garantizar el cumplimiento de las normas generales de admisión de alumnos (artículo 57 c de la LODE, no derogada por la LOCE). ¿Por qué entonces los padres de la escuela concertada no pueden estar presentes en los procesos de admisión de alumnos?

3. El derecho fundamental a la Educación y el derecho Constitucional de los padres para elegir el tipo de educación que juzguen más adecuado para sus hijos, queda anulado con las zonas de influencias definidas en este Decreto: obligatoriamente las Áreas de Influencias han de comprender al menos un centro público; ¿Y los concertados?. Además, si ya era difícil para los padres optar por el centro que libremente elegían en la educación de sus hijos, ahora por Decreto cierran cualquier posibilidad, determinada exclusivamente por la proximidad del domicilio. ¿No es esto una forma de discriminación legitimada?

4. Respecto a la escolarización de alumnos con necesidades educativas especificas, este Decreto no garantiza que estos alumnos vayan a tener la atención debida, necesitada y a la que tienen derecho, puesto que si no hay un número determinado (¿más de quince?), el centro no tiene derecho a profesorado específico, de apoyo y preparación adecuada. ¿No implica esto una discriminación para los alumnos con necesidades específicas? La Administración Educativa de esta Comunidad Autónoma debiera cuidar la adecuación de recursos que provienen de todos (ella solamente los administra, no es su dueña). Se trata de escolarizar alumnos, no de "repartir" alumnos. La LOCE señala que lo principal es la escolarización adecuada, no la distribución equilibrada en meros términos numéricos, sin que ello obstaculice la libre elección de centro por parte de los padres o tutores legales.

Por todo esto, CONCAPA CLM, espera de la Administración de la Comunidad CLM una serena reflexión sobre estos puntos, y un mayor diálogo con los padres de la escuela concertada.

Nota de prensa de USO

Nota de prensa USO
(Unión Sindical Obrera - Federación de enseñanaza de Castilla la Mancha)

La libertad de elección de centro, amenazada

LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE USO DENUNCIA LA ACTITUD TOTALITARIA DEL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA

La Federación de Enseñanza de USO-Castilla La Mancha denuncia la actitud despótica y totalitaria del Gobierno de Castilla La Mancha a la hora de aprobar el nuevo Decreto de Admisión de Alumnos. El Decreto se ha aprobado sin diálogo y sin consenso, quizá porque en este asunto les interesaba sobre todo con contar con la opinión de los agentes sociales para imponer unos criterios ideológicos muy concretos. A nadie se le escapa el sustrato político que esconden estas medidas, por mucho que José Bono y José Valverde, en un alarde de calculado cinismo, hablen de simplificar los trámites para garantizar la justa elección de centro (argumentos simplones que no se ha creído absolutamente nadie). Para garantizar esto, curiosamente, y en contra de los derechos de los padres y de los centros, no se les ocurre otra cosa que centralizar todo el proceso de admisión, demostrando con esta medida la pasión centralizadora que mueve a los que se denominan abanderados de la libertad y de la diferencia. El Decreto da todavía más prioridad a la zonificación como criterio preferente, criterio que siempre ha sido criticado por la Federación de Enseñanza de USO, pues limita la libertad de elección de centro y, a la vez, imposibilita a alumnos de otras zonas y barrios, entre los que podemos incluir a la emergente población inmigrante, a elegir un centro de enseñanza que no sea público (más adelante dirán que los centros concertados no admiten a alumnos inmigrantes; la estrategia está muy bien calculada).

Este Decreto suprime de un plumazo el derecho de los centros a informar sobre su carácter propio a los padres y alumnos que lo deseen; además, aleja a los responsables de los centros de cualquier asunto relacionado con la gestión de las admisiones, en un claro intento centralizador, como si el Estado -la Comunidad Autónoma, los Ayuntamientos- fuesen los responsables directos de la educación. De esta manera, la elección de centro se convierte en un mero acto administrativo, cuando lo que se están barajando son cuestiones demás calado, que afectan directamente a la libertad de los padres. ¿Tanto pánico existe para poner trabas a esta libertad?

Pero no acaban ahí las irregularidades de este polémico Decreto. Como novedad han incluido una cláusula que va en contra directamente de lo que figura en la LOCE, en la Constitución y en una serie de Tratados Internacionales, entre los que puede mencionarse la Convención de la UNESCO: dicha cláusula considera la educación diferenciada casi como un atentado contra los derechos humanos, cuando la propia UNESCO ha reconocido que este tipo de educación no es discriminatoria contra nadie. ¿Por qué se quiere imponer a la fuerza un único modelo educativo? ¿Por qué no se respeta la libertad de los padres? ¿Dónde está la actitud tolerante de este Gobierno, y de José Bono?

FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE USO-CASTILLA LA MANCHA

Ciudad Real, 10 de marzo de 2004

Nota de prensa de COFAPA

Nota de prensa de COFAPA (Confederación de Madres y Padres de Alumnos)

COFAPA DENUNCIA A BONO POR SU POLÍTICA EDUCATIVA ESTALINISTA

* Para esta Confederación, el decreto sobre admisión de alumnos publicado por Bono es la tumba de la libertad de elección de los padres.

* COFAPA denuncia al PSOE por atacar frontalmente los derechos de los padres en las autonomías donde gobierna.

Madrid, 4 de marzo de 2004.- COFAPA (Confederación de Madres y Padres de Alumnos), que agrupa en España a más de 1.200.000 madres y padres de alumnos, denuncia que el Decreto sobre admisión de alumnos aprobado esta semana por la Junta de Castilla-La Mancha es un calco del que prepara el gobierno de Cataluña: una norma estalinista que cercena de raíz los derechos más elementales de los padres.

COFAPA añade que "nunca antes en España se había promulgado una regulación de la admisión de alumnos tan restrictiva del derecho constitucional de los padres a escoger el centro educativo que deseen para sus hijos. Por eso, nos pondremos al habla con otras organizaciones de padres y de la educación concertada, para recurrir de inmediato ese Decreto que vulnera frontalmente el artículo 27 de nuestra Constitución". Para esta Confederación, el PSOE tiene miedo a la libertad de los padres, a los que priva de su derecho a decidir el tipo de educación que desean para sus hijos: ni en los peores tiempos de la dictadura se promulgó una norma tan restrictiva con la libertad. El PSOE ataca frontalmente los derechos de los padres en las autonomías donde gobierna.

Para COFAPA, el decreto de Castilla-La Mancha aprobado hoy anula la libertad de los padres: "Es un Decreto estalinista, que persigue el control político absoluto de la admisión de los alumnos en todos los Centros sostenidos con fondos públicos: públicos y concertados", subrayan.

COFAPA considera que esta norma se ha aprobado sin debate público previo, engañando deliberadamente a la sociedad con la excusa de simplificar los trámites a los padres, cuando las oficinas municipales encargadas de gestionar la admisión de alumnos arrinconan la libertad de los padres y de los centros concertados: "Esa norma atenta contra el derecho de los padres a ser informados, y contra el derecho de los centros docentes de informar de modo fehaciente de su carácter propio y a gestionar el proceso de admisión de alumnos. Los padres y el centro educativo tienen derecho a que no se escatime esa información, y a que se considere su relación como un libre convenio mutuo y no como acto administrativo impuesto arbitrariamente a las familias", sostienen. "De esta manera, la Administración educativa impone un centro a los padres, con una valoración abusiva del criterio de cercanía del domicilio".

En efecto, el Decreto y la Orden de la Consejería de Educación que lo acompaña recrudecen las limitaciones geográficas a la elección libre de centro educativo, al otorgar a los criterios geográficos más de un 50% del valor total de los factores que intervienen para la elección de centro: "Con esa estricta zonificación se limita fuertemente la libertad de elección y se impedirá a la mayoría de los padres elegir un centro de acuerdo con sus convicciones, más cuando el proceso de admisión se deja en manos de la Administración educativa, excluyendo a los centros", concluyen.

Por último, recuerdan que la enseñanza diferenciada nada tiene que ver con la discriminación por sexo: los centros tienen derecho a ofrecer ese sistema educativo en su carácter propio, y los padres a escoger ese sistema, perfectamente de acuerdo con la legislación y la jurisprudencia española, y con lo dispuesto por los tratados internacionales suscritos por España.

Para más información: Mariano Calabuig Tel: 653 92 97 25

Nota de prensa del Arzobispado de Toledo

Mons. Antonio Cañizares. Arzobispo de Toledo

El pasado martes, día 2 del presente mes, fue aprobado el Decreto Ley del Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se regula el proceso de admisión del alumnado en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma Castilla-La Mancha.

El viernes posterior, 5 de marzo, se publicaba en el Órgano oficial de esta Comunidad.

Como pastor de la Iglesia, que ve muy seriamente afectados, por tales disposiciones, derechos y libertades de los padres y de los alumnos así como de los Colegios de la Iglesia y otros Centros de iniciativa social, en nuestra Comunidad, debo manifestar mi honda y grave preocupación ante este texto legislativo.

Dada la situación en que nos encontramos y con el objeto de no interferir otros procesos, no entro en un juicio pormenorizado de tal Decreto. Lo haré con sosiego más adelante. Ofrezco mi actitud de diálogo y de búsqueda de soluciones al Gobierno de nuestra Comunidad, para el bien común de nuestra sociedad.

Toledo, 8 de marzo, 200