La Justicia considera anticonstitucional impedir a los colegios su intervención en el proceso de admisión de alumnos.
La sentencia ha declarado inconstitucional la centralización del proceso, que se producí al transferir las gestiones a la Comisión de Escolarización
«Todas las Administraciones educativas deberán tener esta sentencia muy en cuenta; especialmente el Gobierno, a la hora de elaborar la reforma de la LOCE». Así ha recibido FERE-CECA la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ) -alguno de cuyos preceptos recurrió esta organización- , según la cual «la centralización de los procesos de admisión de alumnos menoscaba el derecho constitucional de dirección de los titulares de los centros concertados y el derecho de elección de las familias».
La centralización propugnada en el decreto de la Junta de Castilla-La Mancha e instaurada en otras Comunidades Autónomas como Cataluña, transfiere las gestiones y decisiones de los procesos de admisión de alumnos, que constitucionalmente forman parte del ejercicio de la dirección del centro educativo, a las Comisiones de Escolarización. Las normas eliminan la facultad reconocida hasta entonces a los titulares de esos centros concertados (sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma) en el proceso de admisión de alumnos, y la atribuyen al Consejo Provincial de Escolarización.
La sentencia indica que tanto la LODE como la LOCE, que son dos leyes orgánicas, atribuyen al titular del centro concertado la gestión de la admisión del alumnado, por lo que la normativa autonómica examinada vulnera el derecho de libertad de enseñanza y de libre creación de centros docentes reconocidos en la Constitución.
La resolución señala que pueden establecerse limitaciones a ese proceso de admisión de alumnos en particular si hay plazas insuficientes en relación a las peticiones, pero recuerda que la normativa de Castilla-La Mancha se refiere al proceso general de admisión y no a ese caso extraordinario. Otras instancias de la enseñanza privada concertada y el propio Partido Popular han acogido positivamente el fallo del Alto Tribunal y han advertido de que constituye un «aviso» para las pretensiones del Gobierno en relación con la reforma educativa.
