PLATAFORMA DERECHO A ELEGIR

“Derecho a elegir: derecho a educar en libertad” es una plataforma promovida en toda España por madres y padres de familia, que reclaman el apoyo de todas las personas y de las entidades sociales y ciudadanas, para defender los derechos fundamentales de los padres en la educación de nuestros hijos, en un marco de libertades y pluralismo.

La Plataforma se constituye alrededor de una “Declaración de principios”, con el objetivo de que el actual debate sobre la reforma educativa en España respete en todo momento el derecho de los padres a elegir la escuela que consideren más adecuada. Esto supone promover el pluralismo de centros educativos y establecer una justa financiación, de tal manera que ninguna familia sea discriminada y pueda ejercer su libertad con todos sus derechos.

Cualquier familia tiene que poder elegir el centro educativo público o de iniciativa social, de acuerdo con la educación que desee para sus hijos. La administración pública, la misión de la cual es colaborar con los padres pero no sustituirlos, tiene que crear las condiciones que faciliten este derecho a todas las familias.

Somos contrarios a los enfrentamientos artificiales. Queremos que desaparezcan las actitudes agresivas e intolerantes, y que los poderes públicos de España gobiernen para todos.

Las familias tenemos que reaccionar para que no se vulneren y marginen nuestros derechos y para que nadie, ni ninguna instancia, pretenda suprimir o sustituir el papel que nos corresponde a los padres sobre la educación de nuestros hijos. Estas pretensiones serían más propias de un régimen totalitario (de escuela única) que de un país como el nuestro, de convivencia pacífica y democrática, plural, que respeta las diferencias, y que promueve las libertades. No podemos permanecer indiferentes. El derecho a elegir es tu derecho, el derecho de todos.

Padres y madres de toda España, conscientes de ser los principales responsables de la educación de nuestros hijos e hijas, tal y como lo proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos y viendo el cariz del debate sobre la educación, presentamos los siguientes puntos:

PRIMERO

Denunciar la negación de algunos derechos fundamentales de las madres y padres de familia y la oposición a la instrumentalización demagógica que se está haciendo de la libre elección de centro, que va en detrimento de la calidad y la pluralidad de nuestro sistema educativo.

SEGUNDO

Rechazar enérgicamente el clima de confrontación generado y sostener que sólo la superación de la actual bipolarización en busca de un diálogo sereno puede promover los derechos de los diferentes componentes culturales e ideológicos de nuestra sociedad.

TERCERO

Reafirmar que toda reforma de la actual legislación debe ser objeto de un consenso basado en los derechos fundamentales de las personas, único modo de garantizar su respeto, en sintonía con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los convenios internacionales, los preceptos constitucionales y la jurisprudencia de los tribunales del Estado.

CUARTO

Agradecer el trabajo educativo realizado en los centros docentes, tanto los de gestión pública como los de iniciativa social. Esperamos que todos realicen el esfuerzo necesario para garantizar una educación de calidad y que promuevan una pluralidad de opciones educativas, que responda a la diversidad que existe en nuestra sociedad y en las familias.

QUINTO

Asimismo entendemos que es el respeto al carácter propio del centro escolar el que garantiza el ejercicio del derecho a la pluralidad, y el que permite a los padres y madres la elección del proyecto educativo que quieren para sus hijos.

1. Un pacto social de educación que responda de forma justa y solidaria a las necesidades que plantea la llegada de inmigrantes, la educación de las minorías y los colectivos con necesidades especiales.

2. Una distribución eficaz y equitativa de los recursos destinados por las diversas administraciones a la financiación de todos los centros educativos, que garantice la gratuidad, la calidad y la pluralidad de la educación básica para todos.

3. La garantía de la libertad de elección de centro por parte de todos los padres, en igualdad de oportunidades.

4. Un trato respetuoso para todos los centros educativos y para las familias que han decidido educar a sus hijos e hijas en los mismos.

””””””””La paralización de la LOCE, una pérdida en la mejora de la Educación””””””””Mi Ciudad Real.com (10 de febrero de 2005)

La diputada nacional del Partido Popular por Ciudad Real, Carmen Quintanilla, y la diputada regional, Teresa Aguirre, mantuvieron recientemente una reunión con una delegación de la Unión Sindical Obrera (USO) de Educación, encabezada por Marta Pérez y Rosa Zapata, en la que se abordó, entre otros asuntos, la paralización de la LOCE y el decreto de admisión de alumnos del Gobierno regional.

Quintanilla aseguró que la decisión unilateral del Gobierno de paralizar la aplicación de la Ley de Calidad tiene ya una primera consecuencia: ?dos años perdidos en la mejora de la educación de nuestro país, dos años que ya no podremos recuperar?. Se refirió a la educación como un asunto capital para el futuro de la sociedad española, y mostró su gran preocupación por la escasez de decisiones tomadas en esta materia por el Gobierno de Rodríguez Zapatero?. Además, indicó que ?en estos diez meses, el Gobierno ha tomado tan sólo una decisión en materia educativa: paralizar la aplicación de la Ley de Calidad, y lo ha hecho utilizando la vía del Decreto, lo que es algo insólito en nuestra democracia?.

La parlamentaria ciudadrealeña señaló que ésta medida del Gobierno está causando perjuicios concretos y evaluables para la sociedad porque ?no ha podido ponerse en marcha una educación infantil con contenidos de mayor calidad; se han paralizado los currículos de las enseñanzas primarias que reforzaban las materias que más necesitan nuestros alumnos; el adelanto del aprendizaje del inglés a partir de los 6 años se ha paralizado; los más de cincuenta mil alumnos que ya este curso podían haber accedido a los programas de iniciación profesional y tener una vía formativa que les podía conducir a un título, además de a una cualificación profesional, se han quedado fuera de juego?. ?El Gobierno socialista los ha dejado sin oportunidades?, sentenció.

Destacó además la preocupante contradicción en la que está incurriendo el Gobierno, y es que al tiempo que ha paralizado la aplicación de una ley orgánica, ha afirmado su compromiso a promover el máximo consenso en torno a una nueva reforma educativa que pretende impulsar. ?Y una verdadera voluntad de consenso -añadió Quintanilla- habría sido exigir el respeto a las normas legales aprobadas por las Cortes Generales?. ?No se pretende modernizar nuestro sistema educativo -aseguró-. Son propuestas que no dan respuesta a la heterogeneidad del alumnado; que no prestan la debida atención al enfoque de la educación como el mejor instrumento de equidad en una sociedad moderna; que no han asumido el elemental principio de que, sin calidad en los resultados educativos, hablar de equidad es un engaño, un fraude social?. Igualmente, Quintanilla manifestó que estas propuestas socialistas eluden una de las principales demandas de las familias españolas: la de ejercer la libertad de elegir el centro docente para sus hijos.

DECRETO DE ADMISIÓN

Por su parte, Teresa Aguirre hizo alusión a la sentencia que anula varios puntos del Decreto de Admisión de Alumnos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. ?La sentencia -dijo- supone un fuerte varapalo para el Ejecutivo autónomo y representa un triunfo de la libertad de elección de centro por las familias, que es un elemento central de la libertad de enseñanza. Asimismo, deja muy claro que la elección de centro debe ejercerse por las familias, en relación directa con los centros, sin que órganos administrativos la mediaticen, condicionen ni limiten?.

En este sentido, la dirigente regional entiende que los padres deben tener garantizada la libertad para llevar a sus hijos a un centro u otro, mientras que el Decreto canaliza la decisión de los padres y la Administración deja de ser garante y distribuye a los alumnos, por lo que se vulnera dicha libertad. ?Desde el PP consideramos que la Consejería de Educación ha elaborado un Decreto al margen y en contra de los castellano-manchegos, y que, a pesar de tratarse de una materia de tanta importancia, no ha existido un debate previo en torno al mismo?, afirmó Aguirre.

?Este Decreto vulnera el derecho de los padres a elegir el centro educativo que quieran para sus hijos. La nueva normativa hace un flaco favor a la educación ya que intenta enfrentar al sector público con el privado, por lo que el PP se ha mostrado absolutamente en contra del mismo y ha pedido su retirada, así como las dos órdenes que lo regulan?, concluyó.

Igualdad sin ira

La sentencia ha declarado inconstitucional la centralización del proceso, que se producí al transferir las gestiones a la Comisión de Escolarización

El Gobierno de Barreda tilda de «sentencia panfleto» el fallo del TSJ contra el decreto de admisión de alumnos

TOLEDO. «Es una sentencia panfleto». Así definió ayer el consejero de Educación, José Valverde, el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ) que anula varios artículos del decreto de admisión de alumnos de la Junta de Castilla-La Mancha.

Valverde, que anunció que el Gobierno regional seguirá defendiendo el derecho de los padres a elegir centro, dijo que su Consejería está estudiando la sentencia y planteará un recurso. «Desde mi punto de vista de lego me parece una sentencia panfleto, en la que, aunque no soy especialista en Derecho, no se corresponden determinadas afirmaciones con los juicios que se hacen». Explicó que en la sentencia «se dice que vulneramos un derecho fundamental,que es el de la libre creación de centros, cosa que me ha sorprendido muchísimo, porque en absoluto es así, sino todo lo contrario, pues siempre que hay posibilidades lo favorecemos».

«Me preocupa que haya quizás un sustrato ideológico en esta sentencia», dijo Valverde, a quien le hubiera gustado que «el propio juez me dijera cómo reduzco la libertad de los padres dándoles a elegir sólo un centro, como se hacía antes, en vez de la posibilidad de seis, organizados por prioridad».

«Estamos dándole vueltas, porquenos parece que hay que cumplir la sentencia, como debe ser en un estado de derecho, pero como no vemos que responda a lo que nosotros entendemos por la libertad de elección de centros, intentaremos recurrirla», anunció.

Por su parte, el presidente regional, José María Barreda, destacó que «esa sentencia se produce después de que se hayan experimentado los efectos del decreto y que, en general, todo el mundo está muy contento». El decreto «se ha desarrollado muy bien, no ha habido ninguna protesta»», zanjó.

Acaban de anunciar los responsables de la Consejería de Educación que el ordenador ya ha asignado a cada niño su plaza escolar. Con enorme satisfacción, dicen que la mayoría de los escolares ha obtenido plaza en el colegio deseado, pero que un pequeño porcentaje está aún sin asignar, porque sólo han solicitado un centro, y no seis.

Esto me lleva a preguntarme, y preguntar a mis gobernantes autonómicos: ¿Cuántos escolares han sido adscritos al colegio que solicitaban como primera opción? ¿Cuántos escolares han sido adscritos al centro que solicitaban como segunda opción? ¿Y como tercera, cuarta, quinta, sexta?

A estas alturas de la historia, con lo que presumen nuestros gobiernos de los logros obtenidos, no me explico que nadie se conforme con un porcentaje de libertad, o con un porcentaje de gente libre.

Cuando se dice que sólo un pequeño porcentaje no ha obtenido la plaza deseada porque habían solicitado un solo colegio, la conclusión viene por activa y por pasiva: se reconoce, y sin sonrojo, que hay personas que han solicitado un colegio y el ordenador de la Junta no se lo ha concedido: o sea, que no van a ir al colegio que sus padres desean. Pero además, si se dice que la razón es que ?sólo? han solicitado un colegio, quiere decir que a más de uno, y a más de dos, les ha ?tocado? algún colegio solicitado en segundo o en tercer lugar, es decir, no el primero, no el más deseado. Si esto es libertad, que nos lo cuenten de otra manera, a ver si lo entendemos.

Un gobernante democrático debería estar muy triste con que hubiese un solo niño que no pueda ir al colegio que sus padres han elegido, que no va a recibir la educación que sus padres quieren para él. Es imposible, seguramente, contentar a todos. Pero lo lógico es que esa imposibilidad la marque la vida de la sociedad, no el gobernante. Si sabes que tal colegio es muy solicitado, ponle más unidades. Si sabes que tal otro no lo pide nadie, pregúntate por qué. Y no tengas miedo a la libertad de la gente. O, en su caso, no quieras ahogarla, porque te pasarán la factura.

Lo que no entiendo es que se haya hecho toda esta movida, con programa de ordenador incluido, para que al final la gente no pueda ir al colegio deseado. Si obligan ustedes a la gente a pedir seis; si tienen ustedes la educación en tal estado que muchos colegios se dan con un canto en los dientes por el hecho de tener las plazas cubiertas; si lo que les preocupa a ustedes es otra cosa que no sea lo que manda la Constitución, ¿qué porcentaje de libertad nos queda a los ciudadanos?

La Constitución ordena que todos los niños estén escolarizados, y que estén escolarizados en los centros que elijan sus padres, públicos o privados. Y lo ordena al cien por cien.

El tapón lo han puesto los gobernantes de la Junta.

Emilio Sanz

El Día de Ciudad Real, 8 de junio de 2004